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El presidente Abinader, en su discurso del 27 de febrero, hizo un llamado enérgico a los legisladores para que aceleren la aprobación de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que se encuentra estancada desde diciembre de 2022.
Esta legislación es crucial para abordar las deficiencias del código penal actual, especialmente en lo que respecta a la tipificación y sanción del acoso en todas sus manifestaciones, incluido el acoso sexual, que lamentablemente no cuenta con una adecuada consideración en la legislación vigente.
El caso reciente de Paula Santana, una joven trabajadora cuyo trágico destino resalta la urgencia de esta ley, ejemplifica la gravedad de la situación. A pesar de haber denunciado el acoso laboral que sufría, Paula fue encontrada violada y estrangulada, evidenciando una alarmante falta de protección por parte de la empresa donde laboraba.
Este trágico suceso pone de relieve la necesidad apremiante de una legislación más sólida y efectiva en la protección de las mujeres contra todo tipo de violencia y acoso.
El acoso, ya sea físico, verbal o digital, es un problema generalizado que afecta a mujeres de todas las edades y contextos. Es esencial que se apruebe una ley que no solo reconozca y sancione adecuadamente estas conductas, sino que también brinde el apoyo necesario a las víctimas y promueva una cultura de respeto e igualdad de género en nuestra sociedad.