Nacional I Trágico
La cifra oficial de reclusos que perdieron la vida en el trágico incendio de la prisión de La Victoria ha ascendido a 13, pero las preocupaciones persisten sobre la posibilidad de que el número de víctimas sea aún mayor. Mientras tanto, los familiares de los presos continúan llegando al lugar en busca de información sobre sus seres queridos, sin tener aún certeza sobre su paradero o estado de salud.
Ante esta situación de emergencia, la procuradora Miriam Germán ha establecido un gabinete especial para brindar atención tanto a los reclusos afectados como a sus familiares. Sin embargo, este desastre ha puesto en evidencia las profundas deficiencias del sistema penitenciario, atrayendo la atención crítica de la opinión pública.
La Victoria, ya conocida como la cárcel más poblada y sobrepoblada del país, albergaba a casi 9000 reclusos en un espacio diseñado originalmente para apenas 2103 personas. Aunque se ha realizado un traslado parcial de presos, esta medida apenas alivia la situación. Las condiciones de hacinamiento en el centro penitenciario son inhumanas, exacerbadas por deficiencias en el diseño, la estructura y la gestión del lugar. Además, La Victoria se ha convertido en un centro neurálgico de actividades delictivas, incluyendo atracos, estafas y asesinatos, lo que agrava aún más la situación.
Entonces, ¿por qué no se clausura La Victoria? La respuesta parece residir en las expectativas depositadas en "Las Parras", conocida como la "nueva Victoria". Esta instalación, construida bajo un nuevo modelo penitenciario, se proyectó con capacidad para albergar a más de 9000 reclusos, ofreciendo una solución aparente al problema de hacinamiento. Sin embargo, a pesar de haber sido inaugurada su primera etapa en agosto de 2020, apenas se ha avanzado en su puesta en funcionamiento. Según las autoridades, aún falta al menos un año de trabajo y 1600 millones de pesos para su operación plena. La situación se complica debido a problemas técnicos en la construcción y a las implicaciones legales relacionadas con investigaciones de corrupción.
La gestión de Jean Alain, quien inauguró la primera etapa de Las Parras, ha sido objeto de escrutinio, ya que se le acusa de corrupción en relación con esta construcción. La Procuraduría ha retrasado la autorización para continuar las obras, a la espera de auditorías y pesquisas sobre posibles irregularidades en los contratos. Este impasse ha mantenido en vilo la apertura de la nueva instalación penitenciaria.
Aunque La Victoria destaca como un caso extremo, la realidad es que muchas otras prisiones del país operan bajo condiciones precarias, con niveles preocupantes de hacinamiento y deficiencias en su funcionamiento. A pesar de la promulgación de la Ley 113-21 en 2021, destinada a mejorar el sistema penitenciario mediante la creación del Consejo Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales, persisten los desafíos en la implementación efectiva de reformas.
La posibilidad de crear un nuevo Ministerio de Justicia para aliviar la carga sobre la Procuraduría General de la República ha sido debatida, pero hasta el momento no se han tomado medidas concretas al respecto. Esta propuesta, aunque podría mejorar la gestión penitenciaria, genera controversia debido a su potencial para aumentar el tamaño del Estado.
Ante la falta de alternativas viables y la persistencia de incumplimientos legales, legisladores de la oposición sugieren declarar una emergencia en el sistema penitenciario como medida urgente para abordar esta crisis.