El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra diez imputados en una investigación que indaga un presunto entramado de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud.
Un expediente que sacude al sistema de salud
La justicia dominicana impuso medidas de coerción contra diez personas imputadas en el denominado Caso Cobra, una investigación que persigue presuntos delitos de corrupción, estafa al Estado, soborno y lavado de activos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La decisión judicial incluyó prisión preventiva, arresto domiciliario, incautación de bienes y la declaración de complejidad del proceso, lo que amplía los plazos de investigación del Ministerio Público.
Prisión preventiva para siete imputados
El tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo para Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, junto a Gustavo Messina Cruz, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, esta última en Najayo Mujeres.
De acuerdo con la acusación, los imputados formarían parte de una estructura organizada que habría operado desde posiciones estratégicas dentro del sistema de salud para beneficiar intereses particulares en perjuicio del Estado dominicano.
Arresto domiciliario, garantías económicas y bienes incautados
Otros tres imputados recibieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo deberán cumplir además con una garantía económica de RD$1,000,000 cada una, mientras que Eduardo Read Estrella cumplirá arresto domiciliario sin garantía económica.
El tribunal también ordenó medidas reales sobre cinco inmuebles vinculados a la investigación, como parte de las acciones orientadas a asegurar eventuales responsabilidades penales y civiles.
Plazos procesales y declaración de complejidad
Al declarar el proceso como complejo, el tribunal otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar acusación formal. Los imputados bajo arresto domiciliario disponen de siete días para cumplir con las garantías impuestas, mientras que la revisión obligatoria de las medidas fue fijada para el 11 de marzo de 2025.
La posición del presidente Abinader
“Caiga quien caiga” y “yo tengo amigos, pero no cómplices”, expresó el mandatario, subrayando que la lucha contra la corrupción es un principio innegociable de su gobierno.
Mirando hacia el desarrollo del caso
El Caso Cobra se perfila como uno de los expedientes judiciales más relevantes de los últimos años, tanto por la magnitud de las imputaciones como por el impacto institucional del proceso. Su desarrollo marcará un precedente importante en materia de rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de derecho.
Fuente: El Nuevo Diario