Organismos de la justicia advierten que extender el plazo de vigencia llevaría a una crisis de institucionalidad y demandan una decisión definitiva para proteger el debido proceso.
El Consejo Nacional para la Reforma de la Administración de la Justicia (CARD) solicitó que se ratifique la vigencia de la Ley 10-15 que modificó el Ley 76‑02 que instituye el Código Procesal Penal y que se rechace cualquier idea de prórroga ante el Tribunal Constitucional. Según el CARD, conceder una prórroga implicaría llevar al Tribunal Constitucional a un “despropósito”, afectando su autoridad interpretativa y generando inseguridad jurídica.
El organismo señaló que lo que corresponde ahora es proteger la institucionalidad y reactivar las disposiciones vigentes de la ley 10-15, tal como fueron establecidas en 2015, y evitar mecanismos que pospongan el debate. Señalaron que la prórroga podría estancar el sistema penal, producir retrasos en los procesos y debilitar los mecanismos de justicia efectiva.
Los expertos en derecho procesal consideraron que extender el plazo de vigencia sin una evaluación profunda podría debilitar garantías fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica que el sistema penal dominicano requiere. Hicieron énfasis en que una ley en limbo prolonga la incertidumbre tanto para las víctimas como para los imputados.
Ahora la pelota está en el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, que tendrán que resolver si dan luz verde a la ratificación plena, al ajuste del sistema o si optan por abrir una reforma con nuevas condiciones. El futuro del proceso penal dominicano dependerá de una decisión clara que evite vacíos legales y fortalezca el marco judicial.
Fuente: Diario Libre