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El Senado de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo clave para fortalecer la defensa del país frente a amenazas como el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la migración irregular y los ataques cibernéticos.
La nueva legislación, sustentada en el artículo 261 de la Constitución, también regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, al tiempo que otorga al futuro Departamento Nacional de Investigaciones herramientas jurídicas para prevenir y detener delitos que atenten contra la soberanía nacional.
El artículo 28 de la ley establece sanciones penales para quienes oculten información relativa a la seguridad nacional, con penas de hasta tres años de prisión y multas económicas. Además, los artículos 29 y 30 contemplan castigos similares para quienes divulguen datos clasificados, obstruyan funciones de la DNI o usurpen su identidad.
Entre sus atribuciones, la DNI podrá investigar a personas o grupos que amenacen el orden constitucional o los intereses del Estado dominicano, así como reunir y analizar información estratégica que permita anticipar y neutralizar cualquier riesgo a la seguridad nacional, sin interferir con el rol del Ministerio Público.